¡El INE no se toca! Señor presidente.

Después de cuatro años de gobierno de la actual Administración Federal, en los que no se ha registrado avance alguno en los temas prioritarios para el país, aquellos a los que la población es más sensible y con los que se puede decir de manera objetiva si el gobierno en turno ha dado o no ha dado resultados; después de todos sus esfuerzos por hacer que la sociedad civil, -aquella a la que jurara servir mediante la salvaguarda de los derechos contenidos en nuestra Constitución Federal-, se polarice y se levante en grupos antagónicos azuzados día a día desde su nefasta mañanera, en la que por medio de los “otros datos”, de denostar a quienes hacen preguntas incómodas, volcando incansablemente insultos a todos los grupos y sectores de la sociedad, con dichos o con hechos, puesto que su discurso de “primero los pobres”, en la práctica han sido los más perjudicados y los más engañados, precisamente por su condición de pobres. 

Después de soportar la destrucción de gran cantidad de instituciones que se habían venido construyendo mal que bien, gracias, entre otras cosas a la incipiente democracia, que ha costado muchos años construir, después del sometimiento del poder legislativo, con sus legisladores sumisos e ignorantes en las materias sobre las que deben legislar, debido a que lo que importa es 90% de obediencia y 10% de conocimientos, después de ver al Presidente utilizar al poder judicial como instrumento de persecución política, tras los grandes dispendios en las obras insignia del gobierno, costosas a más no poder gracias a la corrupción rampante que las ha caracterizado, una central avionera CHAIFA que prácticamente no se utiliza, un país que permanece en calificación 2 debido a la falta de cumplimiento de los estándares de la aviación internacional, con los costos de oportunidad que eso significa, sumados a los cientos de miles de millones de pesos que implicó tirar a la basura el aeropuerto de Texcoco, una refinería que además de haber sido inaugurada sin estar terminada, permanece inundada por la mala elección del sitio, lugar que además fue salvajemente depredado, y que no llegará a refinar su primer barril de petróleo en la presente administración, y tal vez ni en las siguientes, puesto que ya no cuenta con dinero para ello, ni con todo el endeudamiento en el que ha sumido al país, un tren que no va a ir a ningún lado, debido a que entre otras irregularidades no cuenta con los dictámenes de impacto ambiental, y por ello ha recibido la suspensión judicial, habiendo causado también un incalculable daño ecológico a una de las zonas acuíferas más importantes del país y la zona de redes subterráneas de agua potable, cenotes, lugares de una extraordinaria riqueza turística, ceremonial, ecológica y de biodiversidad, también ya dañada de forma tal vez irreversible.

En fin, después de que parecía que nada ni nadie haría frente a esta cadena interminable de desgracias para México, ni partidos de oposición sumidos en el silencio y en la mediocridad, más preocupados por sobrevivir al embate del aparato judicial y de la inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de los corruptos o presuntamente corruptos entre sus militantes, bajo el sabio dicho de: “para tener la boca grande hay que tener la cola corta”, y al parecer muy pocos han tenido corta la cola o alto el sentido del honor y de la responsabilidad para defender lo que no está bien hecho desde el Poder Ejecutivo, como los presupuestos de egresos, en los que año con año se ha venido recortando el fondeo económico para la operación de los programas prioritarios, sea en salud, educación, infraestructura, competitividad, sector agrícola, entre muchos otros, finalmente el Presidente golpeó lo que parece ser el dintel del arco que soporta la posibilidad de gobernabilidad en México, sí, me refiero al Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, al que se debe que después de muchas décadas hayamos logrado pasar de ser un país de un solo partido en el poder, el “partido oficial”, a un incipiente sistema de partidos, con el que fue posible la alternancia de poderes, modestamente al principio, logrando ganar alcaldías, diputaciones, y poco a poco al irse consolidando las reformas, que vinieron siempre de la oposición, nunca del gobierno, se pudieron tener gobernadores de oposición, y finalmente la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal llegó junto con el siglo XXI en el año 2000.

En el momento en el que la Sociedad Civil se convenció de que el Presidente iba en serio a tratar de convertir al INE en una más de todas las instituciones independientes y órganos de contrapeso y equilibrio de los poderes que caían bajo su control absoluto, el México de las crisis, el México de las emergencias nacionales, el México que sabe salir a las calles cuando los terremotos, los huracanes, las inundaciones hacen caer en desgracia a miles de compatriotas, ¡ese México volvió a salir a las calles! Así es, México está despierto y está en pie de lucha, consciente de que antes que nada está la unidad nacional, para defender todo lo que se ha venido construyendo a lo largo de varias, de muchas generaciones, y por eso en las ciudades más importantes de las 32 entidades federativas, sobre todo en la Ciudad de México, por el número de participantes, levantó la voz claramente, con millones de voces al tono de una sola nota:

#ElINENoSeToca.

«Y para no extender demasiado esta introducción al gran acontecimiento del pasado 13 de noviembre, gran fiesta nacional ciudadana que coincidió con la fecha de cumpleaños del señor López, me permito presentar el texto completo del único orador en el gran evento aquí en la Ciudad de México, José Woldenberg, quien fuera el primer consejero presidente del IFE.  Aquí su discurso íntegro, según versión de NEXOS que circuló en redes sociales.

Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad políticas, la trasmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades.

Todo eso constituye un patrimonio común y por ello estamos aquí, ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones sociales, militantes de partidos, integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiación política que deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos.

Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos. El derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras preocupaciones y aspiraciones. Somos parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia.

Como país fuimos capaces de edificar una germinal democracia. Dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones auténticas, de poderes constitucionales que funcionaban como apéndices del Ejecutivo, de medios de comunicación mayoritariamente oficialistas, para abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a elecciones libres, disputadas y creíbles, a Congresos plurales, gobiernos de diferente orientación, pesos y contrapesos en el entramado estatal y sin duda una espiral virtuosa que amplió el ejercicio de las libertades.

Y para que ello fuera posible se requirió de movilizaciones, luchas, denuncias, acuerdos —muchos acuerdos— y sobre todo conformar normas e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a la diversidad de fuerzas políticas que modelan el país. Ocho reformas se llevaron a cabo entre 1977 y 2014 y los resultados están a la vista. Fue necesario edificar autoridades electorales autónomas, tribunales capaces de desahogar la aguda conflictividad, construir condiciones equitativas de la competencia, puertas de entrada y salida para las distintas corrientes políticas que cristalizaron en partidos, y de manera paulatina pero sistemática nos acostumbramos a la diversidad, a las contiendas competidas, a las alternancias en los ejecutivos, a los congresos plurales y a los mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo que los mismos reclamaban.

Quiero llamar su atención sobre un solo hecho: la alternancia constitucional y pacífica (subrayo, pacífica) del poder presidencial ocurrió, por primera vez en México, gracias a ese proceso democratizador. En casi doscientos años de vida independiente, nuestro país nunca lo había logrado.

Esa democracia se construyó con el trabajo de millones, de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, cuyo edificio culminante fue el del Instituto Nacional Electoral. Ese gran cambio histórico no puede ser explicado sin la existencia de nuestro sistema electoral.

La titularidad del Poder Ejecutivo ha cambiado y lo ha conquistado el partido A, el partido B y el partido C. El Poder Legislativo ha recogido los cambios en las preferencias políticas de millones de mexicanos; las minorías de ayer son las mayorías de hoy y en todo el país, ese proceso se repite y se ha naturalizado a lo largo de casi tres décadas.

No llegamos a una estación final. Tampoco a un paraíso. Apenas a una germinal democracia pero que nos ha permitido asentar la pluralidad política y que la misma pueda coexistir y competir de manera pacífica.

El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno. Es necesario insistir en eso, porque significa no sólo una agresión a las instituciones existentes sino a la posibilidad de procesar nuestra vida política en un formato democrático.

México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema democrático.

México no puede destruir las destrezas profesionales, los conocimientos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los servicios profesionales electorales.

México no puede centralizar todos los procesos electorales en dos instituciones descomunales, no sólo porque somos —según la Constitución— una república federal, sino porque ni el INE ni un solo Tribunal podrán realizar con eficiencia lo que hoy encuentra cauce y solución en 32 entidades soberanas.

Otra vez intento ilustrar lo que digo con evidencias. Desde la última reforma electoral en 2014, se han disputado en los estados y la Ciudad de México, 55 336 cargos de elección popular, entre ellos 55 gubernaturas, 93 legislaturas y 5932 ayuntamientos. Tan sólo el año pasado los institutos estatales registraron 275 424 candidaturas locales. Con tales números ¿es deseable y posible concentrar, centralizar y administrar ese universo político en una sola institución?

Por eso, México no puede deshacerse sin contemplaciones del entramado federalista en materia electoral sin perder en eficacia y confianza. Tampoco de los tribunales en materia electoral porque siguen siendo necesarios para desahogar el permanente litigio que acompaña nuestras elecciones.

México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad por más relevante que sea. Hay importantes lecciones en el pasado: las reformas que fueron fruto de voluntades colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo.

México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable, cuyas credenciales se han convertido de facto en cédulas de identidad ciudadana.

México viviría conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país.

Quienes estamos hoy aquí, ciudadanos todos en el ejercicio de nuestros derechos, sabemos, porque lo vivimos, que en nuestro país laten diferentes formas de pensar, distintos intereses y cuerpos valorativos, diversas plataformas políticas e ideológicas, y que sólo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones. Por el contrario, nosotros valoramos esa diversidad porque creemos que en ella radica parte de la riqueza de nuestra nación y por eso estamos obligados —sí: obligados— a garantizar su expresión, coexistencia y competencia civilizada.

Y es en ese horizonte en el cual elecciones auténticas, libres, equilibradas, resultan insustituibles. Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado.

Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato: padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los votos, resultados preliminares en la noche y por supuesto que ganadores y perdedores sean definidos por el voto de los ciudadanos y sólo por ellos.

Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios —sí, a todos— sin exclusiones ni excepciones, los que conforman las Cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo.

El día de hoy refrendamos nuestro profundo compromiso con la democracia y por ello defendemos un sistema electoral que nos cobija a todos y que permite la coexistencia de la diversidad y la substitución de los gobiernos por vías pacíficas y participativas. Ese es el México que queremos: un México para todos, un México cuya diversidad cuente con un formato para su convivencia y competencia.

Por ello decimos:

No a la destrucción del INE.

No a la destrucción de los institutos locales.

No a la destrucción de los tribunales locales.

No a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno.

No al autoritarismo.

Sí a la democracia.

Sí a un México democrático».

Monumento a la Revolución, 13 de noviembre de 2022

José Woldenberg